Aplicar las evaluaciones toxicológicas de las personas servidoras públicas que ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel en la administración pública federal, para efectos de su ingreso, reingreso, permanencia o cualquier otro movimiento en el servicio público, con el objeto de prevenir, detectar y combatir la corrupción y promover acciones de mejora de la gestión pública con base en las facultades establecidas en el reglamento interior de la secretaría y normatividad aplicable.